Pronunciamiento de la UNED ante las constantes agresiones y amenazas contra la vida de personas indígenas defensoras de sus territorios y derechos de sus pueblos.

La Universidad Estatal a Distancia fiel a sus Fines, Principios y Lineamientos de Política Institucional, concebidos en el marco de los derechos humanos y la vocación democrática del Estado costarricense, expresa por este medio, una vez más y con vehemencia, la profunda preocupación por la situación de violencia que sufren de manera sostenida, desde hace una década, líderes y lideresas indígenas, defensores de los derechos y territorios indígenas costarricenses, algunos de los cuales forman parte como funcionarios o como estudiantes de nuestra institución.

Más de 1000 estudiantes indígenas son parte de nuestra comunidad estudiantil, la mayoría de ellos matriculados en los Centros Universitarios de Talamanca y Buenos Aires, aunque contamos con estudiantes indígenas en por los menos 26 de nuestros Centros Universitarios. También tenemos participantes indígenas en programas de extensión y proyectos de investigación que responden al esfuerzo institucional de reconocimiento de los derechos educativos y al compromiso de acompañamiento y de trabajo que asumió la UNED con estos pueblos desde su Segundo Congreso Universitario.

La UNED ha procurado el reconocimiento de los derechos indígenas mediante acciones afirmativas en nuestros servicios estudiantiles y mediante contrataciones de personas indígenas en programas y proyectos que se ejecutan en sus territorios, permitiéndonos como institución, tener una vinculación directa con las realidades que cotidianamente vivencian sus familias y comunidades, lo que nos compromete también, a favorecer espacios de diálogo intercultural, de denuncia ante injusticias, inseguridades y violaciones de sus derechos y a ofrecer los aportes que puedan formularse desde nuestras competencias institucionales, para el mejoramiento de las condiciones de vida de sus pueblos.

Por las razones anteriores, este Consejo Universitario desea insistir ante las autoridades nacionales, en la necesidad de atender de manera inmediata y eficaz el conflicto territorial y la violencia derivada que sufren actualmente varios territorios y personas indígenas, debido a los irresueltos problemas de usurpación de tierras que suman más de 40 años de espera y que debido a la decisión de recuperar sus tierras por parte de algunas familias, éstas son víctimas de una reacción violenta desmedida y sin control por parte de personas no indígenas con posesiones de tierras dentro de los territorios indígenas.

Ese es el caso de Mariana Delgado Morales, bribri de Salitre y Pablo Sibar Sibar brörán de Térraba, ambos coinvestigadores comunitarios del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de nuestra universidad, amenazados de muerte en repetidas ocasiones, debido a su participación en los procesos de recuperación, quienes junto con decenas de personas y familias cabécares, bribris y brörán han sido agredidas y amenazadas constantemente dentro de sus propios territorios. En el caso de doña Mariana, también un hijo suyo, Minor Ortiz Delgado, ha sido víctima de dos atentados con arma de fuego por lo que mantiene dos balas alojadas en sus piernas, que hoy lo limitan para moverse y le impiden trabajar como podría haberlo hecho en el campo y cuyos responsables se mantienen en libertad y sin sanción alguna.

En una investigación realizada por nuestro Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE)1 fueron documentados más de 150 eventos de violencia -quemas de cultivos y de viviendas, balaceras, amenazas, agresiones directas – entre el 2012 y el 2017 solo en Salitre, de los cuales al menos 61 fueron presentados formalmente como denuncias ante el Poder Judicial, todas archivadas o desestimadas, generando una impunidad que ha sido denunciada repetidamente por los líderes comunitarios y que continúa sumando incidentes hasta el momento.

Esta problemática se ha extendido a otros territorios en los cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón en la zona sur– Térraba desde el 2013, Cabagra desde el 2016, China Kichá desde el 2019 y Guatuso en la zona norte - Maleku 2020-.

El conflicto también se ha agudizado incluyendo nuevas formas de agresión hasta el asesinato, como ocurrió con Sergio Rojas Ortiz (2019) y Yerhry Rivera Rivera (2020), defensores de derechos indígenas y recuperadores de Salitre y Térraba, respectivamente, cuyos crímenes se encuentran impunes.

El caso de Sergio Rojas Ortiz es un claro ejemplo de la criminalización de las luchas indígenas, pues estuvo encarcelado sin que se lograra nunca establecer una causa judicial en su contra; lo cual además muestra la estigmatización de los liderazgos indígenas al ser responsabilizado individualmente por decisiones y procesos colectivos de recuperación, y evidencia la impunidad existente en este conflicto territorial, puesto que este crimen se encuentra en estos momentos, a punto de ser archivado por parte de las autoridades judiciales, alegando falta de pruebas.

A lo largo de estos diez años, nuestra institución ha denunciado estos hechos una y otra vez, aportando investigaciones, datos útiles para el análisis de las causas estructurales de este conflicto, para la comprensión de la pérdida de confianza de los pueblos indígenas en la institucionalidad pública y en las autoridades de los diferentes poderes de la República.

Numerosas son las denuncias realizadas por los Consejos de Mayores de los propios territorios indígenas acerca de estas situaciones y abundantes son los pronunciamientos– tanto de la UNED como de otras universidades y ONGs - acerca del marco de derechos indígenas que continúa siendo violentado sistemáticamente desde que se promulgó la Ley Indígena (1977), de los repetidos incumplimientos de las Medidas Cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (MC 321-12 CIDH) al Estado costarricense desde el 2015, o de los señalamientos realizados en diferentes informes y notas a las autoridades respectivas por parte de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica desde el 2014 hasta la fecha, así como de los llamados de atención que constan en los informes de los Defensores de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas (2011 y 2020).

Estos llamados de atención sobre la sistemática violencia de la que están siendo víctimas los recuperadores indígenas y sus familias, así como de la inoperancia de nuestro sistema de justicia -cuando se trata de derechos indígenas-, se han ido conjuntando como un clamor que suma cada vez más organizaciones sociales e instituciones nacionales e internacionales comprometidas con el respeto de los Derechos Humanos.

Es lamentable que nuestro país, considerado baluarte por sus instituciones civilistas y trayectoria democrática, que ha decidido declarar constitucionalmente su composición multiétnica y pluricultural, muestre en la práctica, inaceptables vacíos e inconsistencias a la hora de aplicar los derechos indígenas en la resolución de causas judiciales, y en la toma de decisiones políticas y administrativas, lo cual lleva a incumplimientos injustificados de nuestros compromisos internacionales y a una reducida capacidad para resolver como corresponde –a la luz de los derechos de estos pueblos- esta situación que se prolonga injusta y peligrosamente, no solo para las poblaciones indígenas sino para nuestra sociedad en su conjunto.

Ante la persistencia de esta grave situación, la Universidad Estatal a Distancia hace un nuevo y enfático llamado a las autoridades de los diferentes Poderes de la República y a la ciudadanía en general para que: 

  • Se adopten las medidas políticas, técnicas, administrativas y presupuestarias, necesarias para garantizar el real ejercicio por parte de los pueblos indígenas de sus derechos reconocidos a nivel internacional mediante el Convenio N 169 de Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, del cual Costa Rica es firmante desde 1993; las Declaraciones de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU (2007) y de la OEA (2016) y demás instrumentos jurídicos, de los cuales Costa Rica es firmante, así como de la Ley Indígena (1977), la Ley de Acceso a la Justicia( 2019), y toda normativa nacional específica relacionada con los derechos indígenas.

 

  • Se dé cumplimiento a cabalidad de las Medidas Cautelares (MC 321-12 CIDH), se ejecuten los acuerdos comunitarios y los protocolos de implementación establecidos con tal propósito, entre las instituciones y los peticionarios.

 

  • Se realicen con urgencia y agilidad los procedimientos judiciales y administrativos de saneamiento territorial y desalojos correspondientes, para la devolución de las tierras a sus legítimos propietarios indígenas.

 

  • En las resoluciones del Poder Judicial se aplique como corresponde el derecho específico indígena, de manera que estos pueblos y territorios no continúen siendo violentados en sus derechos debido a la aplicación en su contra, del derecho general no indígena.

 

  • Se tomen las decisiones y medidas necesarias para prevenir y atender oportuna y eficazmente las situaciones de violencia que se ejercen actualmente contra líderes, lideresas y familias indígenas recuperadoras de los diferentes territorios, otorgándoles la protección y el seguimiento necesarios para garantizar su vida e integridad física.

 

  • Desde los tres poderes de la Republica se dé seguimiento y respuesta a los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jhery Rivera y se encuentre a los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes.

 

  • Se garantice la seguridad y resguardo de la vida e integridad física de nuestro funcionario Pablo Sibar Sibar y nuestra funcionaria Mariana Delgado Morales y de todas las personas indígenas que corren peligro por defender sus derechos territoriales.

 

ACUERDO FIRME

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